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Gobierno solicita investigación de dos ex directores del ISSS por irregularidades del Hospital de San Miguel

El pasado martes el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro y la Directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Mónica Ayala, presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el proceso de construcción del Hospital Regional de San Miguel, durante el mandato de los ex presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

El secretario informó a los medios de comunicación  que durante la gestión de Mauricio Funes (2013), el ex presidente del ISSS, Leonel Flores arregló un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en donde el ISSS colocaría en concurso internacional, la construcción del hospital.

La Oficina abriría licitación y términos de referencia, bajo la figura de acuerdos complementarios, se tomaron “plenos poderes” y se acordaron procedimientos y alcances, sin consultar con Cancillería de la República o con la Presidencia de la República.

En el tiempo de la administración,  que finalizó en el  2014, problemas en los diseños y dificultades administrativas, el convenio no se cumplió.

El Gobierno de Sánchez Cerén (2014-2019), retomó el acuerdo, bajo la gestión de Ricardo Cea, el cual dirigió la autónoma;  y relegó a la UNOPS la dirección de los procedimientos y proyectos de la obra, dándole continuidad al acuerdo firmado por Flores.

“Los ex directores pactaron con la UNOPS acuerdos que permitieron efectuar aumentos desproporcionados en los costos de la obra, despojando al ISSS de las facultades sobre su propio proyecto”, indicó Castro. Este incluía las licitaciones, adquisiciones de bienes y suministros, contratación de servicios, obras constructivas, manejo de fondos, erogaciones, supervisiones, resolución de conflictos, sin que el ISSS tuviera representación decisoria.

“El Doctor Cea, trasladó esto al Consejo Directivo del Seguro y luego de firmar el acuerdo complementario, le dio a la UNOPS el control de $62 millones, del dinero de los derecho habientes para desarrollar esto, sin el aval del Presidente de la República y el Canciller de la República”, añadió.

 “Cancillería no encontró registros de la negociación, el ex presidente Sánchez Cerén no cedió un poder legal para la firma de este acuerdo”, señaló.

En agosto de 2016, relató Ayala, la UNOPS licitó la obra, en la cual, 29 empresas retiraron las bases de licitación, pero sólo una ofertó: Internal Business and Trade LLC (IBT), propiedad del empresario dominicano José Ramón Brea.

“Esta empresa fue la única que ofertó, incluso las 28 empresas restantes reclamaron porque los plazos eran bien cortos, los trámites eran muy lentos, y los costos eran elevados, todo parecía que se estaba beneficiando a IBT”, aseveró la funcionaria.

Posterior al contrato, el costo de la obra incrementó: de $62 millones 965 mil 565 dólares, pasó a $83 millones 13 mil 79 dólares; “No se respetaron los plazos, con los términos pactados en un inicio, y lo peor, es que el ISSS, no podía decir nada, el Seguro Social no tenía control del mismo proyecto, por el que estaba pagando”.

La construcción de la obra  inició en 2017, se tendría que fuera terminado en marzo de 2019, descartando que se sufrieron inconvenientes. “Se encontraron 824 daños a la infraestructura, cuando el gobierno de Nayib Bukele tomo la obra, está ya tenía el 98% del avance”, dijo Ayala.

El titular indicó que el ISSS  no puede reclamar por no cumplir con el contrato, y que está sometido a pagar gastos adicionales por arbitrajes.

“El contrato que firmó el doctor Ricardo Cea, es nulo, carece de nulidad. Por eso se va a presentar esta denuncia a fin de que la Fiscalía busque a los responsables directos y se les haga cumplir…Es un contrato con cláusulas eminentemente lesivas en donde han comprometido el Estado de El Salvador, a pagar con dinero de los derecho habientes el pago de dicho hospital”, denunció.

El Secretario indicó que lo total de lo pagado por los salvadoreños es de  $120 millones: “Un contrato de 59 millones de dólares, llegó a $83 millones de dólares, y ahora está a $120 millones. De igual manera se tienen a 22 proveedores que no se les ha cancelado por la empresa contratada que supervisaba esto (Cal y Mayor, también licitadora de IBT). En estos momentos hay un pleito a través de un arbitraje, ni siquiera UNOPS está promoviendo el arbitraje, sino que IBT, que está reclamando $16.1 millones, porque quiere que el Estado de El Salvador pague más ahorita; a eso hay que sumarle los $700 mil que pagó el FMLN al despacho Sáenz para que manejara el arbitraje, quienes no nos han dado ningún tipo de  información a este momento, a pesar que el Instituto Salvadoreño ha sido quien ha estado pagando, el otro año vencerá este arbitraje, y representa más dinero para el Estado”.

El Gobierno pedirá al fiscal general, Raúl Melara, que investigue los  responsables y encabece el arbitraje.

“Todavía hay mucho que sacar , hay una investigación bastante grande la que se ha hecho, ha tomado un año, se encontró  dentro de los edificios del Hospital, un estimado de 824 hallazgos, como la construcción de tuberías de aguas negras sobre los quirófanos y la construcción de columnas de hierro de menor diámetro, el cual no era el solicitado en los términos de referencia, esto  representa un gasto, y más ahora en estos momentos en el que nos encontramos en una emergencia de salud, este edificio que tendría que ser parte de las soluciones, resulta ser un fiasco, es un “método de corrupción” del partido FMLN, pronto se dará a conocer los videos de cómo está el hospital,  es una lástima, se intentó usar un edificio para la emergencia, y  ha salido más costoso porque se ha estado reparando las fallas”, señaló el funcionario.

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