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Avalan normativa para incentivar medios de transporte eléctricos

Lo aprobado por el Pleno Legislativo, se establece un derecho arancelario a la importación del 0% para los vehículos eléctricos e híbridos. Están exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (IVA) que se generen por la importación del bien, así como del Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes en el Territorio Nacional de un 100% a los vehículos automotores eléctricos nuevos y los vehículos automotores híbridos nuevos, sean enchufables o no enchufables.

Para los vehículos usados, la exención será del 25%, y para bicicletas y demás velocípedos propulsados únicamente con motor eléctrico es del 100%.  Estas exenciones tendrán una validez de diez años contados, a partir de la entrada en vigencia de la normativa. La ley no ha entrado en vigencia, ya que el presidente de la República envió el decreto observado, dichas observaciones aún se encuentran en estudio de la comisión.

De igual forma, aprobaron modificaciones a la Ley del Fondo Social para la Vivienda (FSV), con el propósito de garantizar el buen funcionamiento del FSV. Con estas reformas, se armoniza la Ley del FSV con las enmiendas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, bajo las cuales se creó el Ministerio de Vivienda.

Algunas de las modificaciones plantean que el titular del Ministerio de Vivienda ejercerá la presidencia de la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda (FSV). Además, a partir de estas reformas, el FSV se relacionará con los órganos del Gobierno, a través de dicho ministerio.

Con la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, pretenden crear el régimen para la legalización de lotificaciones que se encuentran en situación irregular, a fin de dar certeza jurídica a familias que ya han cancelado las parcelas y que aún no cuentan con una escritura de propiedad.

Igualmente, la comisión analiza la propuesta para emitir Disposiciones Especiales para los afectados por viviendas declaradas inhabitables permanentemente o pérdida total en zonas de riesgo y vulnerabilidad.

Este proyecto de ley tiene como objeto establecer un mecanismo financiero de salvaguarda   para   las familias que viven en zonas de vulnerabilidad y riesgo, debido a la inestabilidad de los suelos tendientes a colapsar, especialmente para aquellas que se ubican en zonas donde existen cárcavas que amenazan sus vidas y sus viviendas.

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